El caso de la bebé abandonada en los cerros provocó un pico de consultas. La lentitud del sistema legal hace que crezcan las adopciones ilegales. Datos útiles.
16-03-2009
16-03-2009
Sara González
sgonzalez@diariouno.net.ar
El tiempo de espera promedio para recibir un bebé por adopción legal se ha estirado más del doble en los últimos años. Hace siete años, la espera promedio de los padres era de dos años, ahora se considera que en promedio ronda los cinco años, aunque puede demandar más tiempo.
Actualmente la lista de espera de parejas o de personas solas que quieren un hijo es de alrededor de 700 inscriptos, pero por año tan sólo unos 50 logran ver su sueño cumplido de adoptar un niño.
El interés por adoptar crece pero la oferta de niños en adopción no acompaña. Este problema desvive a las autoridades judiciales, sobre todo a la titular del Registro Único de Adopción (RUA), María del Carmen San Martín.
En realidad, el problema no es que no haya oferta de niños para adopción. El problema es que muchas adopciones no se hacen en el marco de la legalidad. La venta de bebés o simplemente la cesión de niños en condiciones irregulares sigue siendo una práctica común.
Aunque imposible de cuantificar, el problema persiste, sobre todo por desinformación. Sigue siendo un tabú y se considera “mal visto” dar a un hijo biológico en adopción.
Éste es el prejuicio que sobrevuela en torno al tema –explica la funcionaria– y que hace difícil que la situación mejore.
Hay otro aspecto, no cultural sino legal, que hace que el desequilibrio entre la demanda de los inscriptos y la oferta de niños para adoptar sea tan desigual. Y es que el RUA de Mendoza permite la inscripción de parejas de todo el país, por lo que hay personas que son desde Tierra del Fuego hasta Jujuy.
El motivo por el que ciudadanos de otras provincias se inscriben acá, en lugar de hacerlo en los registros de adopción de sus respectivas provincias, es que “este registro adquirió fama de trabajar con agilidad”.
Es una paradoja, más gente se inscribe porque tiene fama de trabajar con agilidad pero la creciente demanda hace que los períodos de espera sean cada vez más largos, sostiene San Martín.
Desde el punto de vista jurídico, la ley nacional de adopción permite que un ciudadano argentino se inscriba en cualquier registro del país, por lo tanto en Mendoza lo que se intenta es regular las inscripciones de los foráneos para evitar que el registro siga un equilibrio entre la demanda de mendocinos y de otras provincias.
“Damos turnos diferidos, para evitar sólo inscriptos de afuera. La semana pasada hubo diez personas de afuera”, señala.
Según expresa la funcionaria, el registro de Mendoza está bien catalogado entre el resto de las circunscripciones judiciales del país por el número de adopciones que concreta anualmente. “Acá hacemos 50 adopciones por año y Buenos Aires concreta 2 o 3 por año”, explica. “El 20% de los inscriptos que tenemos es de otros lugares del país”, indica.
San Martín se refiere al RUA que incluye al Gran Mendoza y Lavalle, donde se concentra la mayoría de los inscriptos, que son alrededor de 550.
En las otras tres circunscripciones judiciales hay otros 175, 80 en Valle de Uco, 60 en zona Sur y 35 en zona Este. Para inscribirse en estos registros hay que tener domicilio real en la zona de injerencia del registro pertinente.
Actualmente la lista de espera de parejas o de personas solas que quieren un hijo es de alrededor de 700 inscriptos, pero por año tan sólo unos 50 logran ver su sueño cumplido de adoptar un niño.
El interés por adoptar crece pero la oferta de niños en adopción no acompaña. Este problema desvive a las autoridades judiciales, sobre todo a la titular del Registro Único de Adopción (RUA), María del Carmen San Martín.
En realidad, el problema no es que no haya oferta de niños para adopción. El problema es que muchas adopciones no se hacen en el marco de la legalidad. La venta de bebés o simplemente la cesión de niños en condiciones irregulares sigue siendo una práctica común.
Aunque imposible de cuantificar, el problema persiste, sobre todo por desinformación. Sigue siendo un tabú y se considera “mal visto” dar a un hijo biológico en adopción.
Éste es el prejuicio que sobrevuela en torno al tema –explica la funcionaria– y que hace difícil que la situación mejore.
Hay otro aspecto, no cultural sino legal, que hace que el desequilibrio entre la demanda de los inscriptos y la oferta de niños para adoptar sea tan desigual. Y es que el RUA de Mendoza permite la inscripción de parejas de todo el país, por lo que hay personas que son desde Tierra del Fuego hasta Jujuy.
El motivo por el que ciudadanos de otras provincias se inscriben acá, en lugar de hacerlo en los registros de adopción de sus respectivas provincias, es que “este registro adquirió fama de trabajar con agilidad”.
Es una paradoja, más gente se inscribe porque tiene fama de trabajar con agilidad pero la creciente demanda hace que los períodos de espera sean cada vez más largos, sostiene San Martín.
Desde el punto de vista jurídico, la ley nacional de adopción permite que un ciudadano argentino se inscriba en cualquier registro del país, por lo tanto en Mendoza lo que se intenta es regular las inscripciones de los foráneos para evitar que el registro siga un equilibrio entre la demanda de mendocinos y de otras provincias.
“Damos turnos diferidos, para evitar sólo inscriptos de afuera. La semana pasada hubo diez personas de afuera”, señala.
Según expresa la funcionaria, el registro de Mendoza está bien catalogado entre el resto de las circunscripciones judiciales del país por el número de adopciones que concreta anualmente. “Acá hacemos 50 adopciones por año y Buenos Aires concreta 2 o 3 por año”, explica. “El 20% de los inscriptos que tenemos es de otros lugares del país”, indica.
San Martín se refiere al RUA que incluye al Gran Mendoza y Lavalle, donde se concentra la mayoría de los inscriptos, que son alrededor de 550.
En las otras tres circunscripciones judiciales hay otros 175, 80 en Valle de Uco, 60 en zona Sur y 35 en zona Este. Para inscribirse en estos registros hay que tener domicilio real en la zona de injerencia del registro pertinente.
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