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jueves, 8 de octubre de 2009

Al 40% de los pibes les administran psicotrópicos

Fuente:http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=31903

Grave denuncia de la asesoría general tutelar porteña sobre la situación de los menores alojados en institutos.

El documento que será presentado hoy en la Legislatura refiere las condiciones en las que viven los 1.329 menores, de entre 12 y 18 años, que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al 40% de los 1.329 menores de 18 años internados en los de 98 institutos privados y uno estatal de la ciudad de Buenos Aires se le administran psicotrópicos. Así lo determina la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, que refiere además que el 87,5% está bajo tratamiento psicológico y que el 75% recibe atención psiquiátrica.

Los datos fueron revelados por el noveno informe de gestión de la AGT, el ente del Poder Judicial porteño que reúne a todos los fiscales tutelares que tienen como objetivo la defensa de los menores en condiciones vulnerables. El documento, llamado “Niñez, adolescencia y salud mental en la ciudad de Buenos Aires”, será presentado esta tarde, a las 18, en la Legislatura porteña y está basado en datos judiciales que fueron acumulados a partir de todos los procesos que llevan adelante.

Según la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, durante los últimos tres años ese proceso se incrementó en forma alarmante. “La institucionalización de un chico pobre debería ser el último recurso del Estado y tendría que durar la menor cantidad posible de tiempo, pero hemos llegado a la conclusión, con cifras incontrastables, que la única medida que se le ocurre al gobierno porteño es esa institucionalización, ese último recurso”, advierte Lausa Musa, asesora general tutelar y jefa de todos los fiscales porteños dedicados a la protección judicial de los menores de 18. “Pero lo peor de todo es que esos lugares son privados y, una vez que el Estado los contrata, lo único que hace es controlar las condiciones materiales del chico, pero no su evolución, es decir, que no hay preocupación por reconstruir su vida, ni evitar que termine al borde de la institucionalización”, dice la fiscal.

EL PATRONATO QUE NO FUE. El problema, según el informe, es que esos institutos son difíciles de controlar y reproducen el viejo concepto del patronato que la Ley de Infancia (26.061) trató de abolir en 2005, cuando determinó que privar de la libertad a un menor de edad por vivir en la pobreza es ilegal. Para los especialistas fue la abolición de 100 años de patronato, pero los chicos porteños afectados no sufrieron ningún cambio.

En los últimos tres años se sumaron 700 chicos a los 600 que ya estaban institucionalizados y que dependían del gobierno nacional. Ahora son 1.329 bajo la tutela del Estado porteño y hasta septiembre de este año, sólo habían egresado 111, una tasa muy baja que confirma la denuncia de los fiscales. De las 99 instituciones, hay 4 paradores para chicos en situación de calle, 31 convivenciales y 64 centros de atención especial, una cifra compuesta por 26 hogares terapéuticos, 4 de atención en salud mental, 17 para niños con capacidades diferentes y 17 comunidades terapéuticas para el abordaje de adicciones. Sólo una pertenece al Estado porteño, y del total, el 61% están destinadas a la atención especial, psiquiátrica y terapéutica. “Esto significa que la mayoría se dedica a controlar a los chicos y no a reinsertarlos, o al menos a evitar que vuelvan a la situación que los dejó al borde de la institucionalización”, dice Musa. Hasta el mes pasado, la AGT sólo ha podido controlar a 65 de estos institutos, porque el resto le negó el ingreso. Del análisis surge que el 53% no está correctamente habilitado como lo exige la ley porteña y que el 11% de los niños que están en esas instituciones no ha ido a la escuela. Los fiscales descubrieron que hay muchos niños institucionalizados sin DNI y, son los institutos privados los que definen la suerte de los niños.

SIN CONTROL. Crítica de la Argentina consultó al Ministerio de Desarrollo Social porteño sobre el informe. Sus voceros se llamaron a silencio. “Estamos hablando de datos judiciales”, recordó Musa. Para ella, hay una diferencia ineludible. “En una familia de clase media, los problemas de violencia y maltrato que no constituyen delito, no derivan a la separación de los menores, pero en una familia pobre de la ciudad, sí”. Según se desprende de las 1.723 causas judiciales abiertas durante 2008, la mayoría no tiene debido proceso. “La ciudad ordena la internación y muchas veces no se firma ningún documento judicial. Entonces cuando una abuela quiere ofrecer una negociación para recuperar a su nieto adolescente, no existe ninguna medida sobre la que se pueda discutir”, se quejó Musa, cuyos fiscales ya presentaron catorce acciones judiciales al respecto. Los chicos terminan como presos crónicos de un sistema que atrasa cincuenta años. “Y, por desgracia, el único relato que podemos construir de ellos es la cantidad de institutos que han visitado en su corta vida”, se lamenta la asesora tutelar. En la actualidad, ya fueron contratados todos los hogares de la ciudad y existen varios casos de chicos enviados a distintos puntos del conurbano. En todos se repite la misma escena de abandono.

Hay casi 500 chicos sin proceso

En 2008, en comparación con 2007, los asesores tutelares porteños detectaron un “aumento importante” de institucionalizaciones y “un claro retroceso de legalidad en los procedimientos que concluyen con el ingreso de un niño a un dispositivo de albergue”. De las 1723 actuaciones abiertas en 2008, el 42,9% son internaciones decididas por el gobierno porteño y el 13,8%, resueltas por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El problema es que “hay 478 institucionalizaciones ordenadas por la comuna que carecen de encuadre jurídico apropiado”. Son casi 500 menores de edad sin debido proceso. Del total de casos, el 36,5% de los niños nunca fue oído por la autoridad que definió su institucionalización. En el medio de ese panorama, hubo ocho menores que pasaron varios meses de su vida alojados en hospitales psiquiátricos, “aún contando con el alta médica de internación”. Hace pocos días, la justicia porteña le dio la razón a los planteos de la AGT y logró su externación. Para los fiscales, el disparador es la crisis habitacional.

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